FGR indaga fraude en ISSSTE con prótesis de titanio

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La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por un posible fraude en el ISSSTE relacionado con la adquisición realizada, en 2016, de prótesis de titanio destinadas diversos tratamientos médicos, pero que al final no se entregaron, no usaron o se pagaron con sobreprecios.

Se trata de anomalías descubiertas por la Auditoría superior de la Federación (ASF) luego de una verificación realizada sobre el cumplimiento de más de 40 contratos, que dicho instituto firmó con proveedores para adquirir piezas de titanio que se utilizan con cierta frecuencia en diversos tratamientos y cirugías.

Como resultado de dichas verificaciones se detectaron un cúmulo de irregularidades que no fueron solventadas por el ISSSTE durante el largo proceso de revisión posterior y que por ende dieron paso a una denuncia penal, presentada por la ASF ante el Ministerio Público de la Federación. La denuncia es en contra de los funcionarios o exfuncionarios que resulten responsables.

El posible desvío de recursos por estos casos en específico ascendería, de acuerdo con las auditorías iniciales, a por lo menos 29 millones de pesos. No obstante, se presume que la investigación ministerial podría arrojar un monto mayor, ya que lo auditado representó solo el 65% del monto total del dinero ejercido en estos contratos, y a que hay anomalías comprobadas, pero no cuantificadas.

Las anomalías detectadas en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) corresponden al ejercicio del presupuesto correspondiente a 2016, año en que dicho organismo era dirigido por José Reyes Baeza Terrazas.

Cabe señalar que fue en la misma gestión de Baeza Terrazas en la que dicho instituto habría adjudicado al menos seis contratos vía convenios con universidades, relacionados con el mecanismo fraudulento para desvío de recursos conocido como La Estafa Maestra. Sin embargo, las investigaciones por este caso no han alcanzado hasta ahora a dicho instituto.

Como parte del proceso de verificación los auditores identificaron anomalías graves en entregas de piezas de titanio destinadas a 24 hospitales del ISSSTE en el país, entre ellos el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre en Ciudad de México. Se trataba principalmente de prótesis destinadas para rodilla y cadera, tornillos óseos, placas e implantes dentales.

Entre esos casos se identificaron 155 pedidos que tuvieron como destino 23 hospitales por un monto de 13.2 millones de pesos, que fueron pagados por el instituto, pero donde en realidad las piezas no se recibieron ni se utilizaron, como se confirmó al acudir a los referidos nosocomios.

Las irregularidades, detalla el informe de resultados de la ASF, se confirmaron tras encontrarse que las cirugías en las que se utilizarían las prótesis fueron canceladas por el fallecimiento o desistimiento de los pacientes, o por tratamientos reprogramados. El problema es que dichas piezas no fueron devueltas o almacenadas, sino que se pagaron como si se hubieran usado.

Ello podría haber ocasionado que estas piezas pagadas con recursos públicos no terminen siendo aprovechadas por el ISSSTE, sino por el contrario, en el mercado negro.

Por otro lado, los auditores identificaron 430 pedidos de piezas en 18 unidades médicas por los cuales el ISSSTE realizó pagos que ascienden a 11 millones 266 mil pesos. El problema es que al cotejar esto con los registros de los tratamientos, se detectó que las piezas reportadas por el proveedor eran de un precio mayor a las que realmente fueron utilizadas en lo hospitales, sin que exista justificación para ello.

“Además en 9 unidades médicas se observaron 48 casos con pagos, no justificados, por 4 millones 500 mil pesos ya que se trata de materiales que se utilizaron en las cirugías, distintos de los autorizados en los contratos; para su pago, el proveedor realizó equivalencias sin que los términos de éstas se consideraran en los contratos”, añade el informe de los auditores.

A este tipo de anomalías se suma la complicidad o negligencia de los funcionarios responsables de llevar los controles de estos materiales, que no detectaron las irregularidades. O sí las detectaron pero no hicieron nada deliberadamente, permitiendo el presunto fraude al presupuesto público.

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