Piden cárcel para quienes dejaron morir de hambre a perros

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La familia de la colonia “Santa Fe” de Matamoros que dejó morir a un perro de hambre de su propiedad y provocó el canibalismo en otro al dejarlos sin comer durante muchos días podrían enfrentar serios problemas legales, ya que la crueldad animal está considerada un delito en el Código Penal para el estado de Tamaulipas.

Alba Viridiana Villasana Aguilar, regidora presidenta de la comisión de protección animal en el cabildo local, aseguró estas acciones en contra de las mascotas están consideradas como un delito según el capítulo V denominado “Privación de la Vida, Maltrato o Crueldad Animal” al Título Vigésimo Tercero del Libro Segundo, con los artículos 467, 468, 469, 470 y 471, del Código Penal para el estado de Tamaulipas, el cual contempla como sanción de dos meses a 5 años de prisión y una multa que va desde los 200 a 500 días de salario mínimo.

La servidora público aseguró que la responsabilidad por haber maltratado y privado de la vida a un animal que estaba atado con una cadena recae principalmente en el dueño de la propiedad donde ocurrieron los hechos y después sobre las personas mayores de 18 años que habitan en ese lugar y que serán señalados de complicidad al no denunciar los hechos.

Aseguró que es posible que el próximo jueves sean llamados de nuevo ante el Agente del Ministerio Público (A.M.P.) de Matamoros para reafirmar la denuncia penal que ya está interpuesta en contra de quien o quienes resulten responsables de tan aberrantes actos.

Villasana Aguilar aseguró que buscarán a un buen representante legal para que lleve el caso ante las últimas consecuencias y de esta forma lograr una disminución importe en los índices de maltrato animal, pues este caso servirá d ejemplo para todos los ciudadanos.

Exhortó a los ciudadanos a involucrarse en los temas relacionados con el maltrato de los animales, ya que los colonos tienen la obligación de reportar al 072 las condiciones de vida que lleven las mascotas de sus vecinos.

También señaló que en este caso, el gobierno del estado se “lavó las manos” y no quiso intervenir, esto al negarse las operadoras del 911 a tomar la denuncia correspondiente por el maltrato animal, por lo cual actuaron en consecuencia a través del número 072 de atención ciudadana donde actuaron los inspectores de control ambiental y protección Civil.

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